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Contra la RSC como coartada

Viernes, 07 de octubre 2011

Estuvimos en Greenpeace para conocer los motivos por los que reclama mejoras normativas en cuestiones de responsabilidad corporativa

La información que proporcionan las empresas es la clave para evaluar su política de responsabilidad social corporativa: información a los grupos de interés sobre los alcances reales de las políticas de RC de la compañía a la que están vinculados,  información a la sociedad sobre la naturaleza de la actuación de las multinacionales españolas en el extranjero e información al consumidor sobre el impacto medioambiental de la producción del artículo que compra. Así  lo entiende Greenpeace -una organización ecologista que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas- a la hora de explicar su cautela ante el verdadero grado de compromiso del sector empresarial con sus políticas de responsabilidad corporativa.  

 

 

Mabel González, responsable de campaña de conflictos y medio ambiente de Greenpeace

 

 

“En términos muy generales no cuestionamos la RC como tal. Lo que cuestionamos es su voluntariedad, es decir, que cada empresa pueda decidir qué compromisos asume y cuáles no”, nos explica Mabel González, responsable de campaña de conflictos y medio ambiente de Greenpeace España. “No nos preocupa tanto cómo gasta una empresa el 1% de sus beneficios en acciones de responsabilidad corporativa, sino cómo se gana el otro 99%. Es decir, creemos que la RC está bien, pero no es suficiente”. Y eso no es todo. La necesidad de poder medir objetivamente el compromiso y exigir el apego estricto a las leyes de los países de procedencia y operación de la empresa son otras cuestiones controvertidas que Greenpeace señala sin tapujos desde su labor de denuncia y presión.

 

Información a los grupos de interés

“Creemos que las empresas deberían estar obligadas a informar a sus grupos de interés sobre los impactos medioambientales con el mismo nivel de detalle con el que informan sobre sus aspectos financieros y económicos”, nos cuenta Mabel, quien aprovecha la ocasión para anticiparnos el apoyo de Greenpeace a una campaña impulsada por la Coalición Europea para la Justicia Corporativa y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa bajo el nombre “Derechos para las Personas, Reglas para los Negocios”. Y es que una de las demandas de esta iniciativa –junto a una mayor responsabilidad legal y un mayor acceso a la justicia por parte de los afectados por la actividad de las empresas- es establecer imposiciones en materia de transparencia. Porque, simple y sencillamente, las compañías no están obligadas a informar sobre los impactos sociales o medioambientales de sus operaciones. Y, claro, dicen lo que quieren y evitan mencionar lo que no les conviene.

 

Información a la sociedad

“En muchos casos las empresas españolas ponen en marcha proyectos en América Latina que en España no serían legales, ni tampoco tolerados por la opinión pública y los consumidores”. Semejante contradicción responde a múltiples factores, pero Mabel señala dos muy relevantes: por un lado, las autoridades locales que toleran comportamientos social y medioambientalmente irresponsables porque necesitan inversión extranjera para su desarrollo económico, y por otro lado, la creencia por parte de algunas empresas de que la opinión pública española no se va a enterar de este tipo de prácticas más allá de sus fronteras.  Dato francamente preocupante, como no lo es menos la cuestión que inmediatamente nos suscita: ¿y qué pasa con la población local directamente afectada por una actividad perjudicial para su entorno inmediato?

 

 

Greenpeace denuncia prácticas irresponsables de algunas multinacionales españolas en América Latina

 

 

Según nos cuenta Mabel –muy cuidadosa en puntualizar en todo momento que no ocurre así en todos los casos- , el problema es que “a determinadas empresas sólo les importa la opinión pública española y confían en que se crea los anuncios”.  Porque la imagen es importante: mejora legítimamente cuando las empresas emprenden una política de RSC encaminada a contribuir al desarrollo económico sostenible, pero se desvirtúa cuando determinadas multinacionales alegan la defensa de los intereses españoles a la hora de poner en práctica acciones más que cuestionables en el extranjero.  El problema es que las empresas no representan necesariamente el interés general de un país, sino fundamentalmente el interés de sus accionistas.

 

Información al consumidor

Y cada uno de nosotros como individuos, ¿estamos dispuestos a pagar más por productos de empresas medioambientalmente responsables? Lo cierto es que la crisis supone un peliagudo reto para la conciencia social y ecológica del consumidor, quien se ha visto obligado a reducir sus gastos para hacer frente a una situación que amenaza con empeorar. Alegra saber que Greenpeace no ha detectado una reducción en el nivel de apoyo por parte de sus más de 105.000 socios. En palabras de Mabel, “evidentemente hace falta un esfuerzo por mantener a nuestros socios, pero creemos que la conciencia sobre la necesidad de respetar el medio ambiente ha crecido mucho y no se cuestiona en tiempos económicamente difíciles”. Y, ante nuestra insistencia sobre el devastador efecto de la crisis en la bolsa de la compra, puntualiza: “en muchos casos si las personas son informadas del impacto real que tienen los artículos más baratos al otro lado de la cadena de producción seguramente optarían por alternativas más respetuosas con la naturaleza y los derechos humanos”. Lo dicho, la información es la clave y el establecimiento de una normativa legal que regule todos los aspectos implicados en materia de RC la tarea pendiente.


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