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La Agencia Tributaria cifra en 90.000 euros el fraude fiscal en la venta de Olé a Telefónica

Lunes, 02 de septiembre 2002

El caso Olé se remonta a noviembre de 1996

La Agencia Tributaria confirmó el pasado día 29 de agosto la existencia de un delito fiscal en la venta del buscador Olé, embrión del portal Terra, a Telefónica por parte de su fundador, Josep Vallés; del ex consejero de Telefónica Martín Velasco, y del ex director general de la Fundació Catalana per la Recerca (FCR) Josep Antoni Plana.

El caso Olé se remonta a noviembre de 1996, cuando Josep Antoni Plana, director de la Fundación Catalana per la Recerca, vendió el buscador por un importe de 1.200 euros a Josep Vallés, directivo de la Fundación. En 1999, Josep Vallés, revendió el buscador a Telefónica para crear la filial Terra por 18 millones de euros.

Un documento remitido al juez de Barcelona que instruye el caso por parte de la Agencia Tributaria señala que 'la cuota presuntamente defraudada supera los 90.000 euros, tanto si se aplica el tipo del 35% del impuesto de sociedades o el 40% del IRPF'. La confirmación de delito fiscal por parte de la Agencia Tributaria coincide con la opinión del fiscal del caso Olé, que el pasado mes de abril estimó que existían delitos contra Hacienda, así como otros de estafa y apropiación indebida. La operación de venta de Olé se realizó a través de la sociedad luxemburguesa Infosearch Holdings, en la que participaba el ex consejero de Telefónica Martín Velasco a través de la Fundación Infantia, con sede en Suiza.

El fiscal considera que Martín Velasco, junto con el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, fue el principal impulsor de la adquisición a través de la filial Telefónica Interactiva de Olé.

La Agencia Tributaria, en el documento dirigido al juez, advierte que ' se hace necesario comprobar si la interposición de personas jurídicas extranjeras y de naturaleza fundacional tuvo como único motivo la elusión de impuestos derivadas de la transmisión'.

Los acusados habían reclamado la nulidad del caso argumentando que la Agencia Tributaria no había cifrado el delito fiscal que se les imputaba.


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