La Polémica Ley de la Comunidad de Madrid y los Cibercafés

La Comunidad de Madrid a través de la CONSEJERIA DE PRESIDENCIA y más concretamente la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego, prepara legislación para equiparar los cibercafés a los Salones de máquinas recreativas, imponiéndoles condiciones técnicas y económicas casi imposibles de cumplir para este sector que intenta sobrevivir, y que es fundamental para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.

Los cibercafés ofrecen acceso a Internet al 20% de los usuarios españoles, y especialmente a los menos favorecidos, aquellos que tienen recursos económicos para adquirir un ordenador propio.

Bajo presión de las empresas gestoras de Salones Recreativos (que pierden clientes a los cibercafés ya que estos ofrecen un ocio más completo, sano y barato), la Comunidad de Madrid -sin siquiera ponerse en contacto con el sector de cibercafés- a decidido, en contra de los consejos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología e Interior, incluir a los cibercafés en la Ley del Juego, imponiéndoles una legislación, fianzas, registros y control de empresas proveedoras que -saben perfectamente- es una carga demasiado pesada para un tipo de negocio que apenas sobrevive económicamente y que en algunos casos es de imposible cumplimiento, como por ejemplo la homologación individualizada de cada ordenador (Pc) y de sus componentes por la Comunidad de Madrid.

Para imponer dicha Ley, la Administración de la Comunidad de Madrid se basa en que, como parte de la oferta de ocio de los cibercafés, existen juegos de ordenador, sin entender que este ocio es una parte fundamental de la promoción del uso de la Sociedad de la Información que fomenta el Estado, a través del Plan INFO XXI.

En vez de fomentar este tipo de locales de ocio sano alternativo, empujando a los jóvenes a actividades alejadas de la calle, el alcohol y las drogas, en las que se fomenta la camaradería y el espíritu de equipo (los juegos de ordenador muy a menudo se juegan por equipos), la Administración Madrileña cede ante los intereses económicos un sector económico concreto (el del Juego), anteponiéndolos al beneficio social de la Sociedad de la Información, y lo hace discriminando a los usuarios más pobres.

Esta postura de arrinconar a un sector privado es completamente incoherente con las actividades de la Comunidad que -por su cuenta- abre locales "oficiales" de características similares a través de la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA y de su Programa "CAPIS".

Parte de la legislación prevista es imponer a los cibercafés una censura sobre los contenidos a los que se puede acceder desde sus máquinas. Una censura que -además de ser contraria a la Constitución- es técnicamente difícil (sino imposible) cumplir.

Según palabras de Eduardo Bazaco, Presidente de la Asociación Nacional de Cibers, "es un ejemplo claro de que los intereses económicos de unos pocos pesan -ante los legisladores- mucho más que el interés social", "en este Proyecto de Decreto no se ha tenido en cuenta en absoluto la opinión de las empresas y particulares que explotan estos negocios y que aparte de ofrecer juegos (sin apuestas ni premios) en sus ordenadores, ofrecen servicios de conexión a Internet de banda ancha, reprografía, ofimática y cursos de formación".

La Asociación Nacional de Cibers y la Asociación de Cibers de la Comunidad de Madrid intentarán conseguir una entrevista con Ruiz Gallardón -Presidente de la Comunidad- para intentar comunicarle la preocupación del sector por una legislación que destruiría uno de sus activos sociales más importantes situando a la provincia de Madrid en la cola de las ciudades que fomentan el uso de la nuevas tecnologías a nivel nacional y europeo.

La Legislación de Juego (cuyo fin último es controlar el juego de azar con apuestas y proteger a los usuarios y ludópata) depende de cada comunidad autónoma. Algunas comunidades, como el País Vasco, Aragón o Castilla la Mancha han comprendido bien la importancia de estos locales para el desarrollo de la Sociedad de la Información, y así lo han plasmado en su legislación. No es este el caso de la legislación prevista por la Comunidad de Madrid.

Reproducción del comunicado de prensa de AUI