La AUC con el Fútbol

En  relación  a la polémica suscitada por los derechos de emisión del Mundial de Fútbol, la AUC quiere manifestar lo siguiente:

1. Es incongruente determinar que ciertos contenidos televisivos son de interés general, establecer un catálogo cerrado de eventos específicos y pretender después que la garantía de ese interés general sólo dependa de la negociación entre las partes en el mercado ( entre poseedores de los derechos y posibles compradores). 

2. Es incongruente también que se subordine el interés general a maniobras de intermediación que podrían tener un carácter puramente especulativo. Quien adquiere los derechos de eventos considerados de interés general debería saber (o debería hacérsele saber) que a la hora de su venta no puede ofrecerlos a cualquier precio en el mercado, del mismo modo que existen tarifas reguladas en otros productos y servicios también considerados de interés general (energía, telecomunicaciones, etc.)

3. Si no hay acuerdo entre partes, el Gobierno tiene la obligación de garantizar que el interés general se cumpla y que todos los españoles puedan recibir el abierto el evento deportivo. 

4. Consideramos que la opción más lógica para la retransmisión del Mundial es que dicha retransmisión quede en manos de las televisiones públicas, mediante acuerdo entre RTVE y las televisiones Autonómicas (FORTA). Ambas tiene ya experiencia de colaboración y técnicamente pueden resolver sin demasiado conflicto la distribución de la cobertura y la identificación de las zonas de sombra en el caso de las emisiones por parte de la televisión estatal.

5. Ello no obstante, AUC considera que el cumplimiento del interés general no depende únicamente de las televisiones públicas, habida cuenta que según la legislación española las televisiones privadas son también servicio público y tienen obligaciones en el cumplimiento de dicho servicio. Por ello, de forma subsidiaria, es posible garantizar el interés general mediante la retransmisión en abierto por ANTENA 3, aunque esta cadena también tendría derecho a reclamar del Gobierno alguna compensación económica por el cumplimiento de esas obligaciones de servicio público.