Ventajas y riesgos del reconocimiento facial

Dos motores de búsqueda que utilizan inteligencia artificial para el reconocimiento facial son cuestionados estos días por su uso ético y legal: PimEyes, que permite subir una foto de una cara para obtener imágenes de caras similares en internet, y Clearview AI, que recolectó más de 20.000 millones de fotografías de rostros en línea de todo el mundo para crear una base de datos. Ambos están en entredicho por cuestiones de privacidad y protección de datos.

Este tipo de tecnologías, habituales en el sector público y privado, se utiliza en investigaciones penales, control de fronteras, seguridad ciudadana, estudios demográficos y análisis de sentimientos, entre otros. "No cabe duda de los beneficios que pueden aportar en términos de eficiencia o de apoyo a la seguridad ciudadana. Sin embargo, su potencial puede afectar a los derechos fundamentales de las personas, como pueden ser el derecho a la protección de la vida privada, el derecho al olvido o el derecho a no ser discriminado", señala Miguel Ángel Elizalde, Director del máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la UOC. Son sistemas de control intrusivos y, en ocasiones, pueden obtener datos confidenciales de ciudadanos sin que estos lo sepan.

A escala internacional, Estados Unidos, China y Europa tienen un enfoque muy diferente en este ámbito. Según Elizalde, Europa es la más protectora de los derechos humanos y la que restringe en mayor medida el uso de estas tecnologías; China está en el polo opuesto, porque la autoridad pública las utiliza de forma casi ilimitada, y Estados Unidos, al ser propietaria de muchas de estas tecnologías, es la que apuesta por la libre competencia para ganar mercados. "Aunque no está tan desregulada como China, le preocupa perder terreno ante la potencia asiática", remarca el experto, también profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

En este contexto, existen varias iniciativas normativas que, apostando por el desarrollo de estas tecnologías para obtener los máximos beneficios sociales, intentan sentar unas bases para minimizar los riesgos asociados. Para evitar la perpetuación de sesgos discriminatorios e infracciones de seguridad, se estudia la posibilidad de prohibir ciertos usos y exigir precauciones y garantías en todas las fases de su diseño, desarrollo e implementación, entre otros.

A este respecto, los próximos días 13 y 14 de junio, la UOC organiza la 17.ª edición del Congreso Internet, Derecho y Política (IDP) para debatir sobre las ventajas, los riesgos y los avances normativos de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. Expertos, académicos y profesionales hablarán sobre las formas de asegurar un desarrollo de estas tecnologías de manera coherente con los derechos fundamentales y contribuir, así, a fortalecer las sociedades democráticas.