Medio especializado en marketing, publicidad y comunicación
Medio especializado en marketing, publicidad y comunicación
El escenario audiovisual de la TDT puede retroceder al 2005 si prospera el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por MassMedia Assistants, compañía especializada en la prestación de servicios jurídicos en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
El recurso, que se encuentra ya en periodo de conclusiones, declararía nula la licencia de, al menos, dieciocho de los canales nacionales de televisión privada asignados directamente por el anterior Ejecutivo en julio de 2010 a pesar de estar ya en vigor la Ley General de la Comunicación Audiovisual (1 de mayo de 2010). Esta Ley, que supuso un cambio radical en la legislación sectorial al eliminar el régimen concesional vigente hasta entonces, exige la obligatoriedad de otorgar licencias TDT sólo a través de concurso público; un hecho que no se produjo nunca.
Así, si el recurso finalmente es estimado por el Tribunal Supremo, todos los tradicionales operadores (Antena 3, Cuatro, Telecinco, Net Tv, Veo, La Sexta…..) volverían a disponer de un único canal, y el nuevo gobierno de Rajoy tendría que convocar un concurso público para la adjudicación del resto de los canales en litigio adjudicados directamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010. Una decisión que provocaría el cierre de la mayoría de los nuevos canales privados nacionales de TDT, entre ellos Disney Channel, MTV, LTC, AXN, Gol TV, LTC, Nova, Neox, La 7, FDF, Nitro, Energy, Divinity o Paramount.
Javier Guillén, portavoz de MassMedia, asegura que, además de la legitimidad de este recurso y de su contenido, hay otros factores que exigen un replanteamiento de la estructura audiovisual.“Estamos ante un modelo de TDT lesivo para la sociedad: no solo es evidente el mediocre resultado sobre contenidos que la nueva oferta de canales ha proporcionado, sino que se ha favorecido la concentración y existe un claro abuso de posición dominante por parte de determinados grupos, tanto en generación de contenidos, como en reparto, por ejemplo, del mercado publicitario. Pero además, existe un daño económico general, ya que el Estado ha renunciado en un momento crítico para las arcas públicas a los ingresos derivados de la atribución del dominio público radioeléctrico para el uso privado de las televisiones, que calculamos en más de 1.500 millones de euros”.
