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A pesar del fuerte impacto de la inflación, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado desde 2020, pasando de 405.000 millones de dólares a 869.000 —unos 14 millones de dólares por hora—, mientras que la riqueza acumulada del 60% más pobre (casi cinco mil millones de personas) ha disminuido, según el nuevo informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad y poder global de las grandes empresas. De seguir así, el mundo tendrá su primer billonario dentro de una década, aunque la pobreza no será erradicada hasta dentro de 229 años.
El informe "Desigualdad S.A.", publicado mientras las élites empresariales se reúnen en el Foro Económico Mundial en Davos, revela que siete de las diez empresas más grandes del mundo tienen a un milmillonario como director ejecutivo o accionista principal. El valor de mercado conjunto de estas empresas es de 10,2 billones de dólares, cifra que supera el PIB combinado de todos los países de África y América Latina. “Estamos viviendo el inicio de una década de creciente desigualdad, en la que miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los milmillonarios crecen desorbitadamente. Esta desigualdad no es ninguna casualidad; los milmillonarios se aseguran de que las grandes empresas generen más riqueza a costa del resto de la población. Y lo estamos normalizando”, afirma Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón.
El aumento desmesurado de la riqueza extrema de los últimos tres años se ha consolidado, mientras que la pobreza mundial continúa en los niveles registrados antes de la pandemia. En términos reales, la riqueza de los milmillonarios se ha incrementado en 3,3 billones de dólares desde 2020, a un ritmo tres veces mayor que la inflación.
Al igual que las fortunas de los súper ricos, las grandes empresas obtendrán beneficios anuales récord en 2023.148 de las mayores empresas del mundo obtuvieron unos beneficios netos conjuntos de 1,8 billones de dólares en los 12 meses previos a junio de 2023: un aumento del 52% respecto al promedio de sus beneficios netos entre 2018 y 2021. Los beneficios extraordinarios de estas empresas alcanzaron los cerca de 700000 millones de dólares. El informe revela también que por cada 100 dólares de beneficios generados por 96 grandes empresas entre julio de 2022 y junio de 2023, 82 dólares acabaron en manos de ricos accionistas.
Mientras esto ocurre, en el otro extremo vemos cómo los salarios de casi 800 millones de personas en 52 países no han podido seguir el ritmo de la inflación y han perdido 1,5 billones de dólares en los últimos dos años, lo que equivale a casi un mes (25 días) de salario perdido por cada trabajador o trabajadora.
El informe también demuestra que la guerra contra lo fiscal impulsada por las grandes empresas ha provocado la reducción de los tipos efectivos del impuesto sobre los beneficios empresariales en aproximadamente un tercio. Entretanto, las empresas han seguido beneficiándose y promoviendo la privatización del sector público y segregando el acceso a servicios esenciales como la educación o el agua.
La concentración de beneficios en España
En "Desigualdad S.A. Filial en España" se arrojan conclusiones muy similares: Oxfam Intermón denuncia que, en 2022, el 10 % más rico de la población de nuestro país concentraba más de la mitad del valor de la riqueza. El 1% más rico acaparaba el 22 % de esa riqueza, mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas llegaba al 8 %.
El informe analiza cómo 50 de las principales empresas españolas contribuyen a agravar las desigualdades. La concentración extrema en sectores clave, como el eléctrico, donde un reducido número de actores domina hasta el 86,1 % del mercado, o el bancario, propicia comportamientos contrarios a los intereses de la mayoría de la ciudadanía.
“Los datos nos muestran una distribución desproporcionada con energéticas y bancos registrando crecientes beneficios, traducidos en retribuciones millonarias a accionistas y altos ejecutivos, mientras que 14 millones de personas en nuestro país ven cómo han aumentado los costes de su hipoteca y 17,1% de personas no podía permitirse mantener su casa caliente” señala Cortada. A pesar del aumento del 16 % en los beneficios, estas empresas apenas contribuyen al crecimiento del empleo, evidenciando una desconexión entre ganancias y generación de empleo a nivel nacional.
Sin embargo, se han incrementado significativamente los sueldos medios de los miembros del consejo de dirección del conjunto de grandes empresas analizadas: aumentó un 19 % entre 2021 y 2022 y un 45 % desde 2020, mientras que el salario medio de estas empresas subió un 8 % en 2022 y apenas un 9 % desde 2020. En promedio, una persona trabajadora de estas empresas tardaría 91 años en ganar lo que el primer ejecutivo gana en un solo año.
Por otro lado, la desigualdad de género persiste en estas empresas, con las mujeres ganando un 15 % menos que sus colegas masculinos en promedio. Además, la tendencia a reducir la presencia en guaridas fiscales se ha revertido en 2022, y el esfuerzo ambiental sigue siendo insuficiente y desigual.
“El poder empresarial desbocado y la extrema riqueza no pueden seguir campando a sus anchas. El sector público debe implementar una regulación adecuada que priorice el bien común y los intereses de la mayoría frente a los de unos pocos”, añade Cortada. Para comenzar, reformas fiscales que aseguren que las grandes fortunas y corporaciones tributen de manera justa a las ganancias que obtienen y sin eludir sus impuestos. Oxfam Intermón estima que un impuesto sobre el patrimonio de los millonarios y milmillonarios del mundo podría generar 1,8 billones de dólares al año. Es urgente que los Estados prioricen los servicios públicos, defiendan una mayor regulación de las grandes empresas, acaben con los monopolios y el excesivo poder de mercado, y apliquen impuestos permanentes sobre la riqueza y los beneficios excesivos.
La organización propone también medidas que promuevan una gobernanza democrática de las empresas y un reparto equitativo de los beneficios entre los diferentes grupos de interés; medidas que obliguen a cumplir con los derechos humanos y ambientales en toda la cadena de valor y legislaciones orientadas a reducir la desigualdad salarial, tanto entre los sueldos más altos y los más bajos como entre hombres y mujeres. “Sabemos que el poder público puede frenar la avaricia de las grandes corporaciones y de las grandes fortunas. El estado tiene que regular los monopolios, empoderar a las personas trabajadoras, gravar estas enormes ganancias corporativas y, fundamentalmente, invertir en una nueva era de bienes y servicios públicos.”, concluye Cortada.
